domingo, 19 de octubre de 2014

Sobre un programa económico para la izquierda.

19 de octubre.

Veamos, ¿qué puede plantear un programa económico de izquierdas?. Lo que hay que reducir a dos preguntas, ¿qué es viable?. ¿Qué es razonable?.

Pero antes hay que recordar que sólo existen dos teorías económicas actualmente admisibles, la neoclásica o monetarista, y la keynesiana. Cuando alguien plantea aplicar un programa económico marxista, esto carece, para mí, de sentido. De Marx quedan principios fundamentales, pero no una teoría económica plausible. De hecho, su teoría fue obsoleta antes de terminar el siglo XIX, derribada por la revolución marginalista. La ciencia avanza de ese modo, progresando.

Los objetivos los pone la izquierda, y se resumen en garantizar derechos fundamentales a las personas y a reequilibrar las desigualdades económico-sociales. Entre estos derechos, sanidad, educación, atención a la dependencia, una renta personal mínima para cubrir las necesidades básicas, reequilibrio de las relaciones laborales.

Puestos los objetivos, ¿cómo se logran?. En mi opinión, es evidente que hay que huir lo máximo posible de la normativa, y recurrir al máximo al instrumento fiscal y presupuestario. A lo que añadir la capacidad de la política monetaria.

Y propongo rehuir, en lo posible, de las normas, porque éstas tienden a crear situaciones ineficientes y a recortar la libertad innecesariamente. Es decir, si ponemos el marco fiscal y presupuestario correcto, dejamos que las personas decidan cómo lograr sus objetivos de la manera más eficaz. Por ejemplo, si imponemos mayores impuestos a partir del tercer inmueble en propiedad que el propietario no alquila, damos un mensaje correcto del coste social que supone tener viviendas construidas fuera del mercado, sin ninguna justificación plausible. Pero si prohibimos tener tales inmuebles, o los embargamos en su propiedad o uso, entonces estamos dando el mensaje de no construir más inmuebles, o disfrazar las propiedades, con lo que perjudicamos la inversión.

De igual modo, si imponemos mayores costes fiscales a despedir trabajadores cuando la empresa tiene beneficios, damos la información correcta acerca del coste social de tales despidos. El empresario debe entonces calcular el coste social real. Pero si lo prohibimos, entonces obligamos al empresario a mantener estructuras productivas ineficaces, que pueden generar producciones de bienes y servicios claramente ineficientes. Paga el consumidor. Los impuestos dejan abiertos los cálculos, y obligan a las personas a lograr la mayor eficacia posible. Las normas tienden a hacer imposible que se logre eficiencia.

Esto no significa que no haya normas. Sólo que estén justificadas y sean las mínimas posibles.

Tomo el ejemplo de las posibles propuestas de política económica del programa, tan de moda hoy día, de Podemos. Que no deja de ser prácticamente un calco de las propuestas de IU. De un modo u otro.

¿Impagar deudas consideradas ilegítimas?. Esto se reduce a hacer una quita en la deuda. Es un arma de último recurso, sólo si no hay alternativas. Mejor crear inflación y pagar con moneda devaluada, antes que perder en una quita toda credibilidad.

¿Rebajar la jornada laboral a 35 horas?.¿Rebajar la jubilación a 60 años?. Sería ahora mismo un golpe brutal en términos de coste para las empresas. Quizá en el futuro y mediante un acuerdo internacional. Ahora mismo, inviable en medio de la globalización.

¿Prohibir los despidos en empresas con beneficios?. Ya he apuntado que es mejor imponer impuestos sobre esta figura. Prohibir aquí equivale a imponer ineficiencias.

¿Derogación reformas laborales?. Sí. Pero necesitamos un marco laboral simplemente nuevo. Me explico. Imponer prohibiciones reales a las empresas en su empleo de factores productivos es ineficiente. Es mejor cobrar impuestos más altos y emplearlos en dar cobertura social a los trabajadores que puedan ser despedidos. Más eficiente. El objetivo se alcanza del mismo modo.

¿Subir la pensión no contributiva?. Siempre que se quede a distancia de la contributiva. Porque, si no, ¿qué incentivo dejamos para cotizar?.

¿Nacionalizaciones de sectores estratégicos?. Yo nacionalizaría sólo aquel sector con costes fijos muy altos, y variables bajísimos. De tal modo que los costes fijos impidan realmente la competencia y creen una capacidad de poder sobre el mercado. Es decir, sólo monopolios naturales.

¿Democracia en las empresas?. Correcto. Los trabajadores deben tener algunas representación en las decisiones. Al menos, que se escuche su opinión ante de que se tome la decisión.

¿Fiscalidad mucho más progresiva?. Me parece más que correcto. No sólo introduce justicia, sino que da un estímulo extra a la economía debido a que las personas de menor renta ahorran menos, ya que se ven simplemente obligadas a consumir.

No obstante, me centraría en la aplicación de las fórmulas menos dañinas para los incentivos económicos. Por ejemplo, el impuesto de patrimonio y el de sucesiones, son buenas figuras. Pero se puede aumentar las tasas sobre el capital sólo hasta un punto, ya que para muchas personas es doble fiscalidad: se les cobra impuestos al ganar su ingreso, y se les vuelve a cobrar sobre las rentas de su ahorro. Hay que intentar no desalentar el ahorro completamente.

¿Tasa Tobin?. Sin duda, muy positiva. Supone desincentivar los movimientos especulativos, en tanto se aplique una tasa, en resumen, sobre el número de veces que el mismo capital se mueve en un tiempo específico. La inversión real y los productos del intercambio comercial se mueven poco, pero sí lo hacen las inversiones que buscan rentabilidades a corto plazo, de devaluaciones, diferenciales de interés, etc. No es bueno parar completamente tales movimientos. Pero sí quitarles poder sobre le mercado. Estos movimientos imponen políticas económicas a los Estados y crean efectos perversos sobre los derechos básicos. Pero también hay que preservar sus consecuencias positivas, por ejemplo imponer una depreciación  medio plazo de una moneda que objetivamente está sobrevaluada. 

¿Renta básica?. Siempre que hay capacidad presupuestaria y que no desincentive la inventiva, el esfuerzo, el trabajo.

En definitiva, sí a equilibrar la economía, lograr más justicia y garantizar los derechos humanos fundamentales. No a desincentivar a quienes más trabajan, se esfuerzan más, se arriesgan. No a las normas salvo excepciones, sí a la política fiscal.






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