domingo, 29 de diciembre de 2013

Altos precios de la electricidad: decisiones políticas.

¿Cómo las decisiones políticas nos han llevado a una electricidad cara?.

Ignacio Escañuela romana.
24/12/2013.

¡Menudo lío eléctrico!. Una ceremonia de la confusión: tras un proceso de liberalización "controlada" del mercado eléctrico el gobierno decide anular el resultado de una subasta e imponer un precio que nadie sabe en qué se basa y por cuanto tiempo tendrá vigencia. Las ventas al contado de electricidad pueden no seguir, en las próximas semanas, ese precio a futuro.

Por lo tanto, decide abolir el resultado del mercado producto de sus propias decisiones. La liberalización del sistema eléctrico español se definió en 1997 con la Ley del Sector Eléctrico, y las tarifas reguladas desaparecieron en 2009.

En consecuencia, lo que el Ministerio de Industria afirma en su página web: "Mayor competencia es sinónimo de precios competitivos (ajustados a los costes) e incremento de las calidades del servicio (ofertas personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada consumidor)" no es cierto. O bien no ha logrado esa competencia. El mismo Ministerio lo reconoce al anular la subasta del mercado eléctrico. No entiendo como el Ministro (y los anteriores) no se hace responsable de lo que ha pasado: porque es su normativa la que ha fallado estrepitosamente. ¿Tan difícil es encontrar un buen economista para el cargo de Ministro de Industria?.


Voy a repasar algunos detalles de este tremendo lío, sin ser en absoluto un experto en este tema, para sacar algunas conclusiones.

En primer lugar, ¿cuántas empresas hay en España de producción y distribución de electricidad?. De producción (generación de electricidad): los productores principales de energía no renovable reúnen 80% del total. Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, Enel, HC. Esto es un oligopolio claro. El resto de empresas son pequeñas (renovables o centradas en pequeñas zonas) y tienen el papel secundario de seguidoras.

En segundo lugar, hay una integración vertical por lo que son estas productoras las que tienen una gran mayoría del mercado de comercialización. Esto da solidez al oligopolio: poder de mercado e incentivos para no competir en exceso.

Tercero, ¿cómo se fijan los precios eléctricos en España?. De dos formas hasta ahora:

- Hay un mercado mayorista:  los consumidores con potencias instaladas superiores a 10 kW contratan a una comercializadora que les suministre la energía hoy a un precio para hoy. sistema en el que operan todas las grandes empresas. Sistema conocido como pool eléctrico en el que rige, al menos teóricamente, mercado libre en oferta, demanda y equilibrio. Los productores van ofreciendo electricidad por cada central generadora y a un precio, hasta cubrir la demanda estimada, pagando a todos ellos el precio marginal: el último precio ascendente ofrecido. De forma que los productores consiguen un gran excedente de beneficios o producción.

- Los consumidores más pequeños (con menos de 10 kw de potencia, son 18 millones de contratos frente a 10 que van al pool) van a la tarifa de último recurso al pequeño consumidor. Es la subasta llamada Cesur y opera asignando precios a futuros: cuánto costará la electricidad en el siguiente trimestre. Fija la Tarifa de último recurso. Es la que el gobierno acaba de anular para fijar simplemente un precio, anunciando que impondrá un nuevo sistema. No entiendo la razón por la que el Gobierno no fijó, como podía haberlo hecho, un precio máximo previo a la subasta que le resultase aceptable. Ya que el Ministerio de Industria fija previamente las cantidades de energía eléctrica a subastar para cubrir el total de electricidad a consumir y fija también los precios máximos, precios muy elevados de salida.

Tercero, problema grave: los comercializadores de últimos recursos prefieren acudir al pool eléctrico que a la subasta Cesur o a otro precio de futuro, porque les puede resultar más barato y no les compromete a futuro.

Cuarto, segundo problema grave: la mayoría de contratos de futuros, están en empresas con la razón social fuera de España. ¿Por qué?: porque son derechos comprados por empresas que especularán con dichos derechos. Empresas que venderán tales derechos cuando el precio de la electricidad en el pool sea más alto, y que los guardarán cuando sean más bajos. Comprometen el precio de la electricidad sin participar para nada en producción ni distribución. Da la impresión de que la acción del Gobierno de fijar un precio y anular la subasta va dirigida contra estos grupos. El nuevo sistema que se fije tendrá que contener una previsión de cómo evitar la actuación de estos especuladores inútiles y cómo lograr que el precio a futuro sea realmente determinante respecto al precio al contado.

Quinto. Los ingresos logrados por los productores, a través de una y otra tarifa, deben ser suficientes como para financiar los costes. Pero entonces: ¿qué decimos al hablar del llamado déficit de tarifa?. El déficit se debe a que los ingresos logrados a través de la factura que pagan los consumidores no cubren los costes que el Estado ha reconocido al funcionamiento del sistema. Por ejemplo, las empresas deben atender primas a renovables, deben pagar por centrales de ciclo combinado que no se utilizan a una tasa eficiente,  etc.

A partir de 2010, el déficit empezó a titulizarse a través del Fondo estatal de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), es decir, que se coloca en el mercado de deuda en forma de bonos, igual que se hace con la deuda del Estado o la de las empresas. Así, con el aval del Estado, las eléctricas van recuperando lo que las normas han establecido que se les debe. El problema es que se coloca ofreciendo una rentabilidad al inversor que compra los títulos, y ese interés se convierte en un coste que pasa a engrosar el mismo déficit. Un disparate, cifrado en 32 mil millones de euros. Que son, en realidad, deuda pública y, al mismo tiempo, la base de funcionamiento de un sistema eléctrico plenamente ineficiente. Si la electricidad es ya cara: ¿se imaginan cuánto costaría tras incorporar el déficit de tarifa?.

Sexto, y lo más importante, ¿por qué tenemos un sistema eléctrico tan caro?. La razón fundamental es la existencia de capacidades infrautilizadas, tal y como se observa en los datos para 2013:

Demanda anual % Demanda anual Gwh Tipo Potencia instalada MW Potencia instalada %
20,61 56378 Nuclear 7866 7,27
19,85 54301 Eólica 22900 21,18
15,49 42384 Carbón 11641 10,76
12,50 34205 Hidráulica 17766 16,43
11,81 32309 Térmica no renovable 7248 6,70
10,59 28983 Ciclo combinado 27206 25,16
3,07 8397 Solar fotovoltaica 4681 4,33
2,55 6981 Fuel/gas 3498 3,23
1,66 4554 Solar termoeléctrica 2300 2,13
100 273598 Total 108140 100

En el lado izquierdo, está cómo las diferentes fuentes de energía satisfacen en % la demanda anual. En el lado derecho el porcentaje que tiene cada una de estas fuentes en la potencia instalada. Tenemos problemas si la potencia instalada es muy alta y la demanda que satisface muy baja.

Se observa que las centrales de ciclo combinado son un 25'16% de la potencia instalada, mientras que sólo dan un 10'59% de la electricidad consumida. Ello se debe a que sólo producen electricidad cuando las centrales nuclear, hidráulica y de renovables están o paradas, o no son suficientes. Por ejemplo, las energías eólica y solar dependen claramente de las circunstancias climáticas y de la hora del día. Mientras que las centrales nuclear, de gas o de carbón pueden estar encendidas indefinidamente, sin depender de ningún factor externo. Destaca la capacidad de las nucleares de satisfacer la demanda con poca capacidad.

El problema está en que hay centrales no renovables que no son rentables, porque se encienden poco y no generan beneficios suficientes como para amortizar la inversión inicial. El exceso de capacidad es caro: pagamos instalaciones infrautilizadas pero que dan seguridad al suministro. Conforme más importancia damos a las renovables, mayor infrautilización tenemos.

Hay razones adicionales: como el desmantelamiento de cuatro centrales nucleares en plena construcción, y cuyos costes pasaron ahora a la factura de la luz (responsable: quien decidió construirlas y luego se arrepintió). O el apoyo a las renovables llevado a cabo desde 2003: subvenciones que garantizaban un 20% de rentabilidad anual hasta los 25 años (sistema ya eliminado afortunadamente). O la imposición de un impuesto a la autogeneración de electricidad eficiente, para obligar a comprarla a las grandes empresas, realizado en este año 2013. Todo decisiones políticas.


Tras esta exposición, voy a intentar desarrollar dos conclusiones y dos ideas orientadoras para el futuro.

Primera conclusión. La electricidad en España es excesivamente cara: un precio alto agravado por la existencia de una deuda acumulada producto de los costes fijados por los mismos gobiernos. Un precio, además, para un suministro básico para la actividad económica y para las familias. Causa principal estructural: la decisión política tomada de poseer una fuerte capacidad excedente de producción eléctrica, capacidad no utilizada de ninguna manera en forma óptima, pero necesaria para dar seguridad conforme se subvencionaban las renovables con tasas de retorno del 20% anual. Es igual que si una empresa de comercialización compra almacenes innecesarios: paga un precio por algo inútil.

Segunda conclusión. Las empresas del sector son un oligopolio. Desde fuera, es imposible asegurar qué solución está teniendo dicho oligopolio. Si la normativa y el desarrollo dado por el regulador fuesen correctos, me parece probable que  las dos empresas líderes elijan simultáneamente precios (problema denominado en economía "competencia de Bertrand"), y el resto las siga. Llegarán a un equilibrio competitivo en el que el precio se fija por el coste marginal. Es decir, se alcanza un resultado equivalente al del mercado competitivo. Si no se da este resultado, es que la regulación y el regulador están fallando. Esto depende del Gobierno.

Voy a proponer cuatro ideas básicas que den solución positiva al mercado eléctrico, aumentando la eficiencia y reduciendo los precios.

Primera idea. Aumentar la competencia, para lo que es esencial prohibir que una empresa productora pueda comercializar y viceversa. Sólo distinguiendo los roles de vendedor y comprador podremos evitar la posibilidad de que las empresas acuerden precios.


Segunda idea. Todavía más importante. El Gobierno debe fijar derechos y obligaciones de modo permanente. No puede seguir modificando derechos y obligaciones, ingresos y gastos, de forma arbitraria. Esto provoca incertidumbre y falta de inversiones, aumentando los costes.

Tercera idea. No hay ninguna razón para cargar impuestos sobre la autogeneración de energía. Es injusto e ineficiente. Si una empresa o familia puede generar energía, deben aplicarse sólo los impuestos ecológicos.

Cuarta idea. ¿Qué hacemos con el exceso de potencia instalada?. Hay dos opciones:

- Estimular este exceso de capacidad porque permite tener cada vez más centrales eólicas y solares de producción de energía. Al ser intermitentes, necesitamos de esa capacidad ociosa. La instalación de estas centrales de energía renovable depende de que el Gobierno mantenga subvenciones altas. Beneficios: menos producción de gases de efecto invernadero, mayor autosuficiencia energética española. Coste: un precio alto de la electricidad.

- Reducir drásticamente las subvenciones comprometidas, de tal manera que las productoras optarán a medio plazo por las centrales menos costosas: terminarán por tener centrales renovables justo hasta el punto en que sus costes les compensen por interrumpir la producción de las centrales de ciclo combinado. De otro modo: instalarán y harán funcionar centrales de ciclo combinado justo a partir del punto en que su funcionamiento en horas efectivas anuales les compense por los costes del combustible y demás, y por los costes de la inversión realizada. En estos cálculos habría que introducir factores tales como costes de funcionamiento de las centrales de diferente tecnología, etc.

Hay que elegir. Como en otras áreas de la economía, no hay duros a pesetas y cada decisión tiene ventajas e inconvenientes. Hasta ahora, las decisiones tomadas por los gestores públicos han sido un desastre.

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